Yo sí quiero que se reforme la Constitución

En la noche del martes día 10 de octubre, tras declarar el presidente catalán la independencia catalana -aunque solicitare a los pocos segundos al arco parlamentario una suspensión de efectos a fin de buscar lo que él llama “diálogo” (chantaje nacionalista)-, se reunieron en el Palacio de la Moncloa Mariano Rajoy (Presidente del Gobierno) y el líder opositor socialista Pedro Sánchez.

No se acordó proceder a la inmediata intervención de la autonomía catalana (mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española). Tampoco parece que se hablara sobre la necesidad de que detener y procesar judicialmente a Puigdemont por ser el máximo responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en Cataluña, con el fin de declarar un territorio política y administrativamente soberano en suelo español.

Ambos líderes acordaron reformar la Carta Magna. Podríamos estar de acuerdo si fuéramos demasiado bienpensados -¡cómo no!-, si se tratara de desmantelar el Estado Autonómico (17 mini-Estados), que ha sido una herramienta clave para los nacionalistas periféricos (han tenido a su disposición los medios estatales necesarios para aplicar sus experimentos de ingeniería social, y es que cualquier clase de socialismo es impensable e impracticable sin la existencia de un Estado). Ni siquiera se va a eliminar el reconocimiento a la falacia de las “nacionalidades históricas”.

Pero no es así. Según publicaba en Voz Pópuli el militante de Ciudadanos Juan Carlos Bermejo, Cataluña sería una especie de Estado libre asociado a España para no salir de la Unión Europea, extensión del cupo vasco-navarro solo a dicha región y autorización no ya para seguir manteniendo las costosas y absurdas embajadas autonómicas, sino para disponer de instituciones diplomáticas totalmente independientes a las españolas. Bajo cierto de punto de vista, podríamos hablar de la garantía de una cuasi secesión de iure, de una independencia autorizada a efectos prácticos.

Esta reforma, en conformidad con lo estipulado en el título X del texto constitucional español, tendría que ser ratificada en un referéndum al que se debe convocar a toda la ciudadanía española. Pero es que si se celebrara esa votación, cosa que ruego salvo que la clase política se eche para atrás, no me abstendré. Participaré sin ninguna duda, para votar en contra de una estrategia que pretende quebrantar la integridad de España y ceder a unos chantajistas nacionalistas y sediciosos.

Ahora bien, con la misma sinceridad que he tenido para manifestar esa rotunda e irrevocable oposición, me manifiesto a favor a una reforma constitucional, sí, pero totalmente diferente a lo que puede plantear una casta política que es tanto intervencionista política y económicamente como desinteresada en la integridad de España (ya sea por fobia de convicción o por cobardía traidora).

Como he sugerido antes, hay que desmantelar un modelo de Estado que solo ha sido útiles a las castas políticas (por lo menos, para el enchufismo y esa corrupción política consecuencia del poder) y a los nacionalistas periféricos (que no solo son enemigos de la patria, sino de la libertad). Por cierto, que conste que no estoy demonizando la descentralización en sí, cosa que tampoco ha prevalecido en el seno de los diecisiete mini-Estaditos.

Soy partidario de la existencia de un gobierno central con competencias única y exclusivamente en seguridad y justicia, así como de una descentralización a nivel municipal. Ni más ni menos. El resto de competencias (sanidad, educación, cultura, etc.) a la sociedad civil, al sector privado. Las autonomías son entes con deudas más o menos terroríficas, sin una consolidada unidad de mercado. No han servido para acercar la administración al ciudadano, sino para complicaciones.

De hecho, soy escéptico del exacerbado iuspositivismo de un texto jurídico que garantiza unos “derechos sociales” que no vienen a ser sino coacciones a terceros, que subordina el fruto de nuestro trabajo al “interés general”. Quiero que más allá de garantizar la separación de poderes, que tampoco respetan nuetros políticos, se pongan límites que pongan fin al hipotecamiento de la sociedad vía endeudamiento y a los abusos fiscales, lesivos contra nuestra libertad y propiedad.

Ahora bien, creo que un texto de este tipo debe garantizar estrictamente la dignidad humana de todos los que habitamos en este país. Por ello, se ha de velar por el derecho a la vida de todo ser humano desde la fecundación hasta la muerte natural. Así se acabaría con evidentes casos de mala praxis médica como el aborto y la eutanasia. La vida es un derecho sin el cual no se puede disfrutar de nada de lo demás.

Dicho esto, solo estaré a favor de una reforma constitucional que vaya orientada a la reducción del poder político, a una mayor garantía de las libertades individuales y del derecho a la defensa propia, al respeto a la dignidad humana, a blindar mejor la propiedad privada, y a una mejor garantía de la integridad de España. Pero nada de esto han acordado Rajoy y Sánchez.