Estado de excepción, a la inversa

Este pasado viernes 27 de octubre, el parlamento autonómico de Cataluña votó a favor de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) cuyos efectos no suspendió cuando quedaban menos de 48 horas para el Día de la Hispanidad (recordemos la “trampa de interpretaciones” que tendió entonces el entonces presidente regional, Carles Puigdemont), en una votación secreta.

A posteriori, el Senado, aprobó, con el voto en contra de la ultraizquierda “podemita” y los nacionalistas periféricos, el mecanismo de aplicación del artículo 155 de la Constitución Española (aprobado el sábado anterior por el Consejo de Ministros), que ciertamente contempla algo más que una peligrosa convocatoria de elecciones autonómicas (el próximo día 21 de diciembre): cese de todo el gabinete del gobierno regional y cierre de las embajadas autonómicas (a excepción de la bruselense).

Una vez hecha esta introducción, ¿qué ha ocurrido tras activar ese mecanismo (que ha implicado a su vez decretar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la delegación de coordinación en Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del gobierno y partícipe de la llamada “Operación Diálogo“, de los diálogos con el que fuera vicepresidente autonómico, Oriol Junqueras)?

Sobre las 14:30 del día de ayer, se emitió en TV3, mejor dicho en la “televisió del règim nacional-catalanista“, un mensaje de Puigdemont, a quien ellos consideran aún gobernante regional. No acató un cese que considera contrario a la voluntad de los catalanes y que “la mejor manera para defender las conquistas es la oposición democrática al artículo 155“.

Pero es que esa misma televisión que el Gobierno de España se niega a controlar (así lo acordó con el PSOE; siendo lo mejor, de todos modos, el cierre de la misma, cosa que tampoco se plantea) también retransmitió las “celebraciones de la DUI” en la barcelonesa Plaza de San Jaime así como la retirada de la bandera de España de la fachada del ayuntamiento de Gerona.

Por cierto, aunque se haya cesado, por fin, al mayor de la policía autonómica catalana, José Luis Trapero, desde Moncloa tampoco muestran interés en disolver este cuerpo policial autonómico. Básicamente se ha designado como sustituto a Ferrán López, mano derecha de Trapero, que mantendrá “intacta” la estructura del cuerpo policia.

Y es que, para colmo, sí, para colmo, dijo ayer el portavoz del Gobierno de España, ese Ministro de Educación que niega que haya adoctrinamiento en Cataluña, limitándolo a “casos puntuales”, que se recibiría con “agrado” que Puigdemont, máximo responsable del golpe de Estado separatista, fuera nuevamente presidenciable autonómico.

Una vez dicho todo esto, sigo reafirmándome en la laxitud de las medidas adoptadas por el poder ejecutivo nacional, con el visto bueno del poder legislativo y del resto de partidos opositores constitucionalistas con representación. No solo por no haberse cerrado la “embajada autonómica” bruselense ni disuelto el cuerpo policial autonómico, ni por haber sido indudablemente tardías. Los motivos los expongo en las siguientes líneas.

En conformidad con el artículo 13 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, haberse alterado gravemente “el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público“, algo que implica el desafío de los entes autonómicos catalanes a la Constitución Española, se puede declarar el estado de excepción (sería lo adecuado y debido), tal y como estipula también el artículo 116 de la Carta Magna.

También por esa misma puesta en peligro de la unidad de España, hay que tener en cuenta que, en base a lo que considera el artículo 8 de la Constitución, “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Por lo tanto, considérese también la opción de enviar tropas militares a Cataluña.

Por cierto, no olvidemos que se debe arrestar y poner a disposición judicial a los golpistas, principalmente a Puigdemont, máximo responsable del golpe de Estado. De nada sirve un cese sin castigo penal por sus delitos de rebelión y sedición (menos aún si se les da una “segunda oportunidad” para postularse a la reelección). Según el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la autoridad -policial- puede hacerlo.

Antes de finalizar, insisto en que no hay una probabilidad total de que el bloque independentista acabe perdiendo esos comicios del 21 de diciembre. De hecho, no se sabe qué podría hacer el PSOE de la “España plurinacional”, cuyo líder nacional no es de fiar. En PODEMOS están alineados a los enemigos de la Nación Española (no se les ocurriría investir a Inés Arrimadas como Presidenta de la Generalidad). Si vuelven a tener éxito, seguirían con la “hoja de ruta” golpista.

En conclusión, puedo decir, irónicamente, que se ha declarado un “Estado de Excepción”, en la medida en la que se roza el absurdo no ejerciendo la contundencia necesaria para restablecer el orden constitucional en Cataluña. De hecho, cada vez parece más probable que se lleve a cabo esa reforma constitucional que, a efectos prácticos, autorizaría la independencia de Cataluña.