El artículo 155: tardía y chapucera aplicación

Tal y como estaba estipulado en las extensiones de plazos del Gobierno de la Nación Española, mera excusa para la inacción permanente, para que el presidente autonómico catalán, Carles Puigdemont, respondiera a este informando si se había declarado la independencia de Cataluña, tanto unos como otros han respondido.

El político nacional-catalanista ha “amenazado” con someter a votación en el parlamento catalán una declaración de independencia que se firmó el pasado día 10, tras “tender una trampa de interpretaciones” horas antes (pidió que la cámara parlamentaria suspendiera la declaración secesionista unilateral -para buscar lo que en realidad vendría a ser cesión a un chantaje-, cosa que en realidad no ocurrió).

Mientras, desde el Gobierno de España, en otro comunicado de prensa, sugiere que procederá a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, pero a partir del sábado, en un Consejo Extraordinario de Ministros, para determinar qué medidas incorporar a ese mecanismo, que posteriormente tendría que aprobar el Senado (al parecer, como muy pronto, la semana que viene, precisamente, el martes día 24).

Si bien ayer el Gobierno, según la prensa, sopesaba no proceder a aplicar dicho mecanismo constitucional en caso de que se convocaran nuevas elecciones autonómicas en Cataluña, esta mañana han mantenido una reunión con el principal partido de la oposición, con el PSOE, para hacer cierto análisis de la situación tras la respuesta textual de Puigdemont. Ahora bien, ¿qué han acordado?

El portavoz de ese partido con el que el PP ha pactado una reforma constitucional que garantizaría una secesión a efectos prácticos en Cataluña, José Luis Ábalos, sugiere confiar en que la aplicación de dicho mecanismo “lo más breve posible y muy, muy limitada”. Básicamente, acabar disolviendo el órgano parlamentario autonómico para convocar eleccionesPor lo tanto, uno puede inferir cuáles serán los pasos a seguir.

Sin embargo, esa estrategia no es acertada (por cierto, cabe recordar que Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, de ese partido que si bien dejó en tiempos de ser el brillante azote contra el nacionalismo catalán, ha tenido cierta obsesión con ser la “nueva CiU” y “blindó” el catalán en Aragón junto a PSOE y PODEMOS, “pescar en río revuelto” quiere ahora, también es favorable de una aplicación solo limitada a unos comicios, mientras que antes de octubre era escéptico a ello).

La primera razón es que si se persigue con ello poner fin al desafío secesionista, acabará siendo misión imposible. Podrían volver a ganar los comicios los del bando secesionista y sumar entre las CUP, ERC y PdeCAT mayoría absoluta (de hecho, igual la filial catalana de PODEMOS podría sumarse a ellos, mientras que del PSOE de las “plurinacionalidades” no se sabe qué esperar).

Antes de exponer la segunda razón, abramos un inciso para exponer el contenido de dicho artículo constitucional:

  1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

La segunda razón es que si buena parte de la sociedad civil española, en la que me incluyo yo, es partidaria de recurrir a dicha disposición constitucional, no es sino para desmantelar el entramado nacionalista que atenta “gravemente al interés general de España” (liberticidio, desafío al Estado de Derecho y perpetración de un golpe de Estado para desintegrar el país).

Asimismo, para precisar, considero que el mecanismo debería incorporar las siguientes medidas:

  1. Cierre de la radiotelevisión pública catalana, fin de la propaganda estatal y retirada de subvenciones que “premian” a la prensa servil a la estrategia nacionalista del “procés” (lo mismo si son asociaciones u otra clase de entidades). En realidad, ninguna entidad innecesaria debe ser financiada por el contribuyente.
  2. Supresión de la unidad policial autonómica (Mozos de Esquadra). Que sean la Guardia  Civil y el Cuerpo Nacional de Policía quienes velen por la libertad y seguridad de los catalanes. El mayor Trapero ha desempeñado un rol más idóneo de una “policía política”, servil a los intereses del régimen.
  3. Retirada de las competencias educativas, acabando así con la “inmersión lingüística”. Lo adecuado sería emprender un proceso “top-down” de liberalización educativa. Aparte del deber de respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, es la desestatalización la única manera de acabar con adoctrinamientos, ya sea el nacionalista, el anticapitalista, el laicista o el feminista-homosexualista.
  4. Derogación de aquellas normativas liberticidas como, por ejemplo, la que obliga a rotular los establecimientos comerciales en catalán.
  5. No celebrar institucionalmente ni considerar como fiesta autonómica oficial la “Diada”, ya que su utilidad ha sido tratarse de una mera festividad de los enemigos de la Nación Española.

Dicho esto, no debemos de olvidar la necesidad de que se emprenda una reforma constitucional para desmantelar lo que ha sido la raíz del problema de las amenazas nacionalistas periféricas (el Estado Autonómico) ni dejar de tener en consideración los artículos 8 y 116 de la Constitución (respectivamente, relacionados con los deberes de las Fuerzas Armadas y el “estado de excepción). Recordemos también que el poder judicial debe procesar a Puigdemont y compañía.

Pero nada con visos de contundencia leal al interés general de España se ha apreciado en los discursos de una clase política que bien es totalmente hispanófoba o tiene nulo coraje, pero sí interés en actitudes de bienquedismo y en titulares que recojan lo que desde la sociedad civil queremos escuchar (aunque la letra pequeña no sea tan satisfactoria).

No se está a la altura, por desgracia. Si acaso ese dirigente al que sus acólitos consideran un “experto del manejo de los tiempos”, pero que ni siquiera se ha esforzado en desmentir a los catalanistas ante la esfera internacional, aplica dicho mecanismo, espérense algo tan tardío como “chapucero”.